Acerca del

trabajo Pro bono

El pro bono es una manifestación esencial del ejercicio de responsabilidad social de la abogacía para destinar su experiencia profesional, conocimiento y tiempo, por el bien común.

La palabra pro bono deriva del latín pro bono público que quiere decir “por el bien público” o “por el bien común”. A nivel mundial la comunidad legal entiende por trabajo pro bono, el de asesoramiento y/o representación jurídica gratuita en beneficio de la sociedad.

Consideramos

Considerando que

la Declaración de Madrid sobre Responsabilidad Social de la Abogacía mantiene como una obligación de la abogacía promover y apoyar el acceso a la justicia de las personas, colectivos o comunidades en situación de desventaja o exclusión social, garantizando la asistencia de un abogado; así como la obligación de impulsar iniciativas orientadas para que cada profesional del derecho participe en tareas de asesoramiento y formación para colectivos o comunidades con necesidad de recursos para la plena realización del derecho, a la tutela judicial y el Estado de derecho.

Considerando que

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 17° el derecho humano de toda persona a que se le administre justicia por tribunales gratuitos que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, de forma pronta, completa e imparcial.

Considerando que

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 5° la obligatoriedad en la prestación de servicios profesionales de índole social, obligación que a su vez es reiterada por las legislaciones estatales en materia de profesiones.

Considerando que

la complejidad del marco legal aplicable a las organizaciones de la sociedad civil, implica inversión de recursos valiosos que podrían destinarse al cumplimiento efectivo de sus objetos sociales.

Considerando que

 la definición de vulnerabilidad social y la pobreza establecida en los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza del CONEVAL, abarca las condiciones de vida de la población a través de: el bienestar económico, los derechos sociales y el contexto territorial.

Considerando que

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 8° y 25°, reconoce los derechos humanos a las garantías judiciales y a la protección judicial de toda persona sujeta a la jurisdicción de los Estados Parte de la Convención, entre ellos México.

Considerando y reafirmando que

y reafirmando que es responsabilidad y obligación legal, ética, profesional, moral y social del profesional del derecho, actuar al servicio del derecho y coadyuvante de la justicia social, y el estado de derecho, mediante la defensa y atención de grupos vulnerables, organizaciones de la sociedad civil y causas sociales en general.