- Personas o comunidades de escasos recursos, comunidades indígenas o en condición de vulnerabilidad;
- Organizaciones de la Sociedad Civil (“OSC”)de conformidad con lo señalado con el art. 5 de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil;
- Organizaciones autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos en términos de las disposiciones fiscales vigentes;
- Personas, comunidades, organizaciones no lucrativas e instituciones en asuntos de interés público;
- Organizaciones no lucrativos y Organismos internacionales que realizan impacto social en México;
- Microemprendedores de sectores vulnerables y empresas sociales.
ESTÁNDARES DEL TRABAJO PRO BONO
Los profesionales del derecho realizarán trabajo pro bono como parte y expresión de las acciones de responsabilidad social de la abogacía . Es decir, prestarán servicios jurídicos gratuitos y sin expectativa de retribución económica en pro del bien común, siempre que beneficien a los siguientes grupos considerando que no cuenten con recursos para acceder a una representación o asesoría legal efectiva :
Se considera como trabajo legal pro bono las siguientes actividades:
- Asesoría y/o representación o patrocinio legal en atención a los públicos objetivos
- La capacitación a las personas y organizaciones referidas en los incisos anteriores, en distintas áreas del derecho, para el fomento de una cultura de legalidad;
- Los estudios o análisis legales que puedan influir en la legislación y políticas públicas cuyo objetivo sea el apoyo a minorías, grupos vulnerables y/o derechos humanos, por el bien común, tendientes a lograr cambios sistémicos en beneficio de la sociedad en su conjunto;
- La defensa y promoción de los derechos humanos; y
- La promoción del trabajo pro bono.
No se considera dentro de la definición de trabajo pro bono los siguientes:
- Los servicios o actividades voluntarias en favor de la comunidad que no involucren representación o asesoría legal;
- Asesoría o representación legal en favor de familiares o amigos;
- Los cargos en los órganos de Consejo, Patronato, Junta Directiva, miembro, asociado de cualquier tipo de organizaciones aún y cuando no sean remunerados;
- Organización, promoción y asistencia a eventos sociales de organizaciones o de despachos de abogados;
- Dictar cátedra en escuelas de derecho;
- Escribir y publicar libros o artículos de derecho;
- Los servicios legales impagos;
- Los servicios legales cuyo pago está sujeto a una condición, como la obtención de un fallo favorable, o realizados con la expectativa de recibir un pago, presente o futuro;
- Otorgar donativos o remuneración en favor de organizaciones de cualquier tipo; y
- Pago de costos o apoyos en representación legal de personas físicas o morales.
El profesional del derecho que tome cualquier asunto pro bono, debe acordar previamente el pago de los costos y los gastos razonables derivados de la prestación de los servicios legales; incluyendo sin limitar, los gastos de gestoría, pagos de derechos, costos notariales o cualesquiera otros que no estén relacionados con sus honorarios; éste podrá asumir cualquier gasto o costo de mutuo acuerdo.