https://www.youtube.com/watch?v=B0cwWRwUYR0&feature=emb_title&ab_channel=Est%C3%A1ndaresProBonoM%C3%A9xico
Introducción
El trabajo legal pro bono, como parte de la responsabilidad social de la abogacía, es una herramienta social para el fortalecimiento del acceso a la justicia. De esta obligación de apoyar a aquellas personas menos favorecidas, surge la propuesta de la presente iniciativa, con el objetivo de establecer las bases, motivos y consideraciones para estandarizar el concepto de trabajo legal pro bono en México.
Esta propuesta se basa en un estudio y análisis comparado del régimen y estructura del trabajo legal pro bono en distintos países y contempla, entre otros documentos, la Declaración Pro Bono para el Continente Americano y la Declaración de Madrid sobre Responsabilidad Social de la Abogacía.
Exposición de motivos
En México, un gran porcentaje de la población vive en condiciones de vulnerabilidad social, por diversas carencias sociales, económicas y ambientales como: bajo ingreso o ingreso insuficiente para adquirir bienes de primera necesidad, rezago educativo, falta de acceso a servicios básicos, a servicios de salud, a la seguridad social, a alimentos, baja calidad y espacios de la vivienda, y falta de cohesión social.
De conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (”OCDE”), México cuenta con los índices de desigualdad social más altos de los países que forman parte de dicha organización, debido a la pobreza, a la falta de calidad en la educación, y a los índices de violencia que la sociedad es víctima día a día, entre otros.
La corrupción es otro de los problemas que afecta al país, el 85% de los mexicanos percibe que el país es corrupto. Esto impacta especialmente a las personas en condiciones de pobreza porque desvía fondos que se debieran invertir en el desarrollo social, impide la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos y provoca desigualdad e injusticia; lo que también desincentiva la inversión nacional y extranjera. Además, es un elemento que dificulta el rendimiento de los países y es un obstáculo para la reducción de la pobreza.
México ocupa el lugar 60 de 69 países con mayor impunidad a nivel mundial, según indicó el Índice Global de Impunidad México 2020. Este índice atribuye sus resultados a las carencias en los sistemas de seguridad y justicia, aunado a los altos niveles de corrupción.
Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel preponderante en atención y beneficio de las necesidades sociales para el desarrollo del país. En México, aún con las más de 42,248 organizaciones registradas (en la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil [CLUNI]), hay un déficit de crecimiento en comparación con otros países. Por ende, existe una necesidad de apoyo legal y fortalecimiento institucional para la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, es importante considerar la labor de los emprendedores y las empresas sociales que establecen nuevas formas para impulsar la sustentabilidad, la regeneración y el desarrollo económico del país. Las empresas sociales son aquellas que, además de buscar la rentabilidad, crean un impacto social o ambiental con el fin de resolver una problemática, utilizando mecanismos del mercado, que le otorgarán sustentabilidad económica; en las que, la toma de decisiones, no se vincula a la titularidad del capital.
La orientación legal en la etapa de gestación de negocios a aquellos emprendedores, que de otra forma no tendrían acceso a una asesoría legal de calidad, produce directamente un impacto social positivo en la legalidad y contribuye a evitar la economía informal creando bases favorables para el desarrollo de dichos negocios. Del PIB generado en México durante 2018, el 22.5% es informal, es decir, del 56.7% de la población que se empleó en puntos de trabajo informales, 29.3% lo hizo dentro del sector formal. Aún cuando dicha tendencia ha ido a la baja, es urgente continuar con la disminución de estos niveles para mejorar el desarrollo del país.
Ante la problemática descrita, se proponen los presentes Estándares a efecto de instar a la comunidad jurídica mexicana a unirse a este compromiso de responsabilidad social de la abogacía con la finalidad de facilitar un debido y sumamente necesario acceso a la justicia a través del trabajo pro bono.