https://www.youtube.com/watch?v=B0cwWRwUYR0&feature=emb_title&ab_channel=Est%C3%A1ndaresProBonoM%C3%A9xico
Introducción
El trabajo legal pro bono, como parte de la responsabilidad social de la abogacía, es una herramienta social para el fortalecimiento del acceso a la justicia. De esta obligación de apoyar a aquellas personas menos favorecidas, surge la propuesta de la presente iniciativa, con el objetivo de establecer las bases, motivos y consideraciones para estandarizar el concepto de trabajo legal pro bono en México.
Esta propuesta se basa en un estudio y análisis comparado del régimen y estructura del trabajo legal pro bono en distintos países y contempla, entre otros documentos, la Declaración Pro Bono para el Continente Americano y la Declaración de Madrid sobre Responsabilidad Social de la Abogacía.
Misión
Estandarizar el trabajo legal pro bono en México y promover su compromiso como una responsabilidad social de la abogacía.
Visión
Ser un referente nacional e internacional en la promoción y estandarización del trabajo legal pro bono, fortaleciendo el acceso a la justicia y promoviendo la cultura de la legalidad.
Estrategia
Sumar a múltiples actores de la comunidad jurídica para fortalecer la participación a nivel nacional.
Exposición de motivos
En México, un gran porcentaje de la población vive en condiciones de vulnerabilidad social [1], por diversas carencias sociales, económicas y ambientales. Estas carencias incluyen ingresos bajos o insuficientes para cubrir necesidades básicas, rezago educativo, falta de acceso a servicios esenciales como salud y seguridad social, así como a alimentos, viviendas de baja calidad y espacios habitacionales inadecuados, y falta de cohesión social.
De conformidad con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México registra los índices más altos de desigualdad social entre los países miembros de esta organización. Esta disparidad se atribuye a la pobreza, la deficiente calidad educativa y los elevados índices de violencia que afectan a la sociedad día a día, entre otros factores.[2]
La corrupción es otro de los problemas que afecta al país, el 88.8% de los mexicanos(as) percibe que el país es corrupto [3]. Esto impacta especialmente a las personas en condiciones de pobreza porque desvía fondos que se debieran invertir en el desarrollo social, impide la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos y provoca desigualdad e injusticia; lo que también desincentiva la inversión nacional y extranjera. Además, es un elemento que dificulta el rendimiento de los países y es un obstáculo para la reducción de la pobreza.[4]
México ocupa el lugar 60 de 69 países con mayor impunidad a nivel mundial, según indicó el Índice Global de Impunidad México 2020. Este índice atribuye sus resultados a las carencias en los sistemas de seguridad y justicia, aunado a los altos niveles de corrupción.[5]
Las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel preponderante en la atención y beneficio de las necesidades sociales para el desarrollo del país. En México, aún con las más de 46,403 organizaciones registradas [6] (en la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil [CLUNI]), hay un déficit [7] de crecimiento en comparación con otros países [8] . Por ende, existe una necesidad de apoyo legal y fortalecimiento institucional para la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, es importante considerar la labor de los emprendedores y las empresas sociales que establecen nuevas formas para impulsar la sustentabilidad, la regeneración y el desarrollo económico del país. Las empresas sociales son aquellas que, además de buscar la rentabilidad, crean un impacto social o ambiental con el fin de resolver una problemática, utilizando mecanismos del mercado, que le otorgarán sustentabilidad económica; en las que, la toma de decisiones, no se vincula a la titularidad del capital.
La orientación legal en la etapa de gestación de negocios a aquellos emprendedores, que de otra forma no tendrían acceso a una asesoría legal de calidad, produce directamente un impacto social positivo en la legalidad y contribuye a evitar la economía informal creando bases favorables para el desarrollo de dichos negocios.[9]
Del PIB generado en México durante 2022, el 24.4% es informal, es decir, del 55% [10] de la población que se empleó en puntos de trabajo informales, 28.3 [11] lo hizo dentro del sector formal. Aún cuando dicha tendencia ha ido a la baja, es urgente continuar con la disminución de estos niveles para mejorar el desarrollo del país.[12]
Ante la problemática descrita, se proponen los presentes Estándares a efecto de instar a la comunidad jurídica mexicana a unirse a este compromiso de responsabilidad social de la abogacía con la finalidad de facilitar un debido y sumamente necesario acceso a la justicia a través del trabajo pro bono.
Notas
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La vulnerabilidad social se puede entender como un proceso encarado por una persona, grupo o comunidad en desventaja social y ambiental en el que cabe identificar los siguientes elementos: 1) existencia de riesgos externos a la persona, grupo o comunidad; 2) proximidad a los mismos; 3) posibilidad de evitarlos; 4) capacidad y mecanismos para superar los efectos de esos riesgos; 5) situación final resultante, una vez enfrentadas las consecuencias de la actuación de dichos riesgos (Chambers, 1989; Bohle, 1993; Pérez de Armiño, 1999).
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http://www.ocde.org/centrodemexico/estadisticas/
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IMCO (2016).México: Anatomía de la Corrupción (2ª edición). Percepción sobre frecuencia de corrupción en los estados, cifra nacional. Disponible aquí
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http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf
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Universidad de las Américas Puebla (2020) Índice Global de Impunidad. Disponible aquí
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CEMEFI (2021) Compendio estadístico del sector no lucrativo 2021. Disponible aquí.
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La densidad asociativa en las entidades federativas se obtiene a partir de calcular el número de organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro por cada diez mil habitantes. En este rubro, a octubre de 2014, el índice nacional era de 2.51 organizaciones por cada diez mil habitantes. Sobresalen con el mayor índice el Distrito Federal con 6.40, Durango con 4.99, Oaxaca con 4.61, Morelos con 3.92 y Colima con 3.57. En octubre de 2013 se contaba con una densidad asociativa nacional de 2.11. (Indesol informe anual 2014).
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En Argentina –con menos de la mitad de la población– se habla de la existencia de unas 120 mil organizaciones; en Chile – con la sexta parte de la población– se llega a hablar de más de 106 mil y en Brasil –con aproximadamente el doble de habitantes– se reporta la existencia de 338 mil. Ni qué decir de comparaciones con países como India, donde existen entre 1.2 y 1.5 millones de OSC, o Estados Unidos, que cuenta con más de 2 millones de organizaciones. (Ablanedo Terrazas, 2009).
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http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/informal/
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INEGI. Tasa de informalidad laboral. Porcentaje de la población de 15 años y más. Dato 2023 3T. Disponible aquí.
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INEGI. Tasa de ocupación en el sector informal. Porcentaje de la población ocupada. Dato 2023 3T. Disponible aquí.
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https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/StmaCntaNal/MEI2018.pdf