Para entender la importancia y el fundamento legal del trabajo pro bono, es importante tener en cuenta los siguientes puntos:
Definición de trabajo legal pro bono
La palabra pro bono deriva del latín pro bono público que quiere decir “por el bien público” o “por el bien común”. A nivel mundial la comunidad legal entiende por trabajo pro bono, el de asesoramiento y/o representación jurídica gratuita en beneficio de la sociedad.
El pro bono es una manifestación esencial del ejercicio de responsabilidad social de la abogacía para destinar su experiencia profesional, conocimiento y tiempo, por el bien común.
Considerandos
I. La Declaración de Madrid sobre Responsabilidad Social de la Abogacía establece que es una obligación de la abogacía promover y apoyar el acceso a la justicia de las personas, colectivos o comunidades en situación de desventaja o exclusión social. Garantizando la asistencia legal necesaria; así como la obligación de impulsar iniciativas orientadas para que cada profesional del derecho participe en tareas de asesoramiento y formación para colectivos o comunidades con necesidad de recursos para la plena realización de sus derechos a la tutela judicial y el Estado de derecho.
II. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los artículos 8° y 25°, reconoce los derechos humanos a las garantías judiciales y a la protección judicial de toda persona sujeta a la jurisdicción de los Estados Parte de la Convención, entre ellos México.
III. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 17° el derecho humano de toda persona a que se le administre justicia por tribunales gratuitos que estarán expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, de forma pronta, completa e imparcial.
IV. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en su artículo 5° la obligatoriedad en la prestación de servicios profesionales de índole social, obligación que a su vez es reiterada por las legislaciones estatales en materia de profesiones.
V. La complejidad del marco legal aplicable a las organizaciones de la sociedad civil, implica inversión de recursos valiosos que podrían destinarse al cumplimiento efectivo de sus objetos sociales.
VI. La definición de vulnerabilidad social y pobreza establecida en los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza del CONEVAL, que abarca las condiciones de vida de la población a través del bienestar económico, los derechos sociales y el contexto territorial.
VII. Es responsabilidad y obligación legal, ética, profesional, moral y social del profesional del derecho, actuar al servicio del derecho y coadyuvar en la justicia social, y el Estado de Derecho, mediante la defensa y atención de grupos vulnerables, organizaciones de la sociedad civil y causas sociales en general.